Fujimori, que cumplirá 59 años el próximo lunes, es hijo de campesinos inmigrantes de la provincia japonesa de Kumamoto.

El informe se basa en una serie de conjeturas sobre las actas de nacimiento y de bautismo de Fujimori, y sobre los documentos de migración que acreditan la llegada a Perú de sus padres.

Esas conjeturas insinúan que una supuesta "mano negra" habría alterado datos fundamentales de esos documentos, como fechas y nombres, con el supuesto fin de probar que el gobernante nació en Perú.

El informe recoge, además, el testimonio de la supuesta hija de la partera que ayudó en el nacimiento del presidente, ya fallecida, según el cual su madre nunca se dedicó a esa actividad.

Otro "testimonio" que recoge "Caretas" es el del sociólogo Francisco Loayza, quien asegura que el asesor presidencial en asuntos de seguridad, Vladimiro Montesinos, le confesó en 1990 que tenía pruebas de que Fujimori no era peruano de nacimiento.

Loayza perteneció tres meses al grupo de campaña electoral de Fujimori que trabajó en los comicios de 1990, del que fue separado por razones desconocidas.

Los autores del informe, los periodistas opositores Cecilia Valenzuela y Luis Jochamowitz, concluyen que es imposible "aclarar la verdadera nacionalidad" de Fujimori y que la única manera de hacerlo sería conocer el "Koseki" de sus ancestros.

El "Koseki", según los periodistas, es una especie de diario privado de las familias japonesas donde registran todos los acontecimientos importantes relacionados con sus miembros.

Enrique Zileri, director de "Caretas", publicación que ha sido vinculada al ex presidente Alan García, negó que el informe tenga la intencionalidad política que se le atribuye y explicó que sólo pretende "aclarar la verdad" sobre el presidente.

La Constitución de Perú establece que sólo pueden ser presidentes de la República los peruanos de nacimiento, lo que según el informe, pondría en duda la legalidad del Gobierno de Fujimori.

Al justificar la publicación del informe, la revista "Caretas" señaló que lo hizo motivada por una supuesta actitud xenofóba de Fujimori contra el empresario de televisión de origen judío Baruch Ivcher.

Atribuyó así a motivos racistas la decisión del Gobierno de retirar la nacionalidad peruana a Ivcher, propietario de la cadena opositora de televisión Frecuencia Latina.

Esa medida, sin embargo, fue adoptada a petición de los mandos militares por razones vinculadas a "la defensa y la seguridad nacional", según el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi.

Esas razones iban a ser expuestas el martes en el Congreso, en una sesión a puerta cerrada, pero se frustró debido a que un congresista de la oposición fue sorprendido cuando declaraba para un programa político de televisión en plena reunión a través de un teléfono celular. (EFE)