ECOLOGÍA:
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Durante los últimos años, 23 grandes multinacionales, especialmente estadounidenses y canadienses, se han instalado en Costa Rica y han recibido 63 permisos de exploración de oro, prácticamente en todo el territorio.
Costa Rica, igual que otras naciones latinoamericanas, asiste actualmente a "una agresiva llegada de grandes corporaciones transnacionales dedicadas a la explotación de minerales metálicos", señala un informe del Frente Nacional de Acción sobre la Minería de Oro a Cielo Abierto (FNAMCA).
El FNAMCA, la mayor organización de oposición a la actividad minera en el país, sostiene que "regulaciones ambientales menos estrictas" han motivado el desplazamiento de las multinacionales del mundo desarrollado a los países pobres.
Menores costos de producción, la existencia de lucrativos depósitos de mineral e incluso incentivos fiscales, también se encuentran en la base de dicho desplazamiento.
Los grupos ecologistas critican al Gobierno, al que acusan de "estimular" la actividad minera a cielo abierto, "la más contaminante y destructiva", según Jorge Lobo, biólogo de FNAMCA.
Lobo acusó al Gobierno de mantener "un doble discurso", pues promueve una imagen internacional de respeto al "desarrollo sostenible", pero por otro lado, autoriza el ingreso de firmas mineras.
Sin embargo, el viceministro costarricense del Ambiente, Marcos González, negó que el país tenga una política que aliente la instalación en el país de empresas mineras, y recordó que "Costa Rica es respetuosa de la legislación y el Estado de Derecho".
De esa forma justificó que las empresas, "como cualquier otro proceso de desarrollo" deben cumplir con un estudio de impacto ambiental que de ser aprobado, como ha ocurrido en la mayoría de los casos, les permite operar.
A una de esas firmas, la canadiense "Placer Dome", se le ordenó, en marzo pasado, la paralización inmediata de las obras de exploración, recordó el funcionario.
Las labores de la minera provocaron "la destrucción de partes de bosque" y la contaminación de suelos, agua y una alteración de flora y fauna, en unas 100 hectáreas en la zona norte del país.
Placer Dome producirá unos 90 millones de dólares anuales por la explotación de oro, generará al fisco unos 7,2 millones de dólares con unas inversiones, según la compañía, cercanas a los 20 millones de dólares en estudios de posibilidades y de mitigación del impacto ambiental.
Otra empresa, "Minera Rayrock", también canadiense, impugnó el rechazo del estudio de impacto ambiental por parte de un organismo estatal.
El anuncio, esta semana, de que la firma canadiense "Lyon Lake Mines", que opera en Costa Rica bajo el nombre de "Novontar", iniciará labores de extracción de oro, hizo a los grupos conservacionistas declarar una "emergencia ambiental".
La actividad se ubicará en una concesión ubicada en el Pacífico central, en parte de las provincias de Guanacaste y Puntarenas.
Todos los proyectos tienen en común, según los grupos ecologistas, que "no han sido consultados" con las comunidades afectadas y además, de ser altamente contaminantes, sobre todo por los riesgos que tiene el uso de cianuro en el proceso de purificación.
Las empresas sostienen, por su parte, que han cumplido los requisitos exigidos y se apegan a la aprobación de los estudios de impacto ambiental que someten a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).
El ex presidente costarricense Rodrigo Carazo criticó recientemente el impulso a las mineras, pues consideró que contradice las proclamas ambientales del Gobierno.
Recordó que el país debe tomar opciones de desarrollo "amigas del ambiente", como es el turismo (principalmente el ecoturismo), que genera cada año casi 700 millones de dólares de beneficio gracias a la llegada de unos 700.000 visitantes.